En ICHAN Año 23 No. 272, abril 2013

En las últimas semanas el debate en torno a los grupos de autodefensa que se han formado en distintas regiones del país, ha ocupado los espacios de la prensa nacional. La proliferación de grupos de ciudadanos que se organizan para defenderse ha puesto una vez más en evidencia el fracaso del modelo de seguridad del Estado mexicano. Un modelo caracterizado por la corrupción y la participación directa de las fuerzas de seguridad en las esferas del crimen organizado que dicen combatir, y por los alarmantes niveles de desprotección y vulnerabilidad que sufren las y los ciudadanos. Sin embargo, este debate se ha caracterizado por la falta de matices en torno a las experiencias de organización comunitaria, sin diferenciar los procesos institucionalizados de justicia indígena de larga data, de aquellas experiencias en las que los ciudadanos de manera espontánea deciden armarse para enfrentar la inseguridad. Las autoras de este artículo han venido analizando desde hace varias décadas el derecho indígena, y les preocupa la manera en que estas representaciones de la justicia indígena como “incivilizada” y supuestamente al margen de la legalidad estatal, puedan ser utilizadas para restringir los espacios de autonomía que se han logrado desde las luchas de los pueblos indígenas. En el contexto de este debate político tan falto de matices,  se proponen aportar algunas reflexiones que han venido desarrollando en estos últimos años, en el marco de dos proyectos de investigación colectivos desarrollados en CIESAS; el primero sobre “Globalización, derechos indígenas y justicia” en donde abordamos el impacto de las políticas multiculturales neoliberales en el campo de los derechos y la justicia indígena, y el segundo “Mujeres Indígenas y Derecho en América Latina: Justicia, Seguridad y Pluralismo Legal”, en donde analizamos de manera más focalizada las tensiones entre la justicia comunitaria indígena y el modelo de seguridad del Estado mexicano.